- Ante creciente ola de violencia con armas de fuego
Las personas que proceden a entrega de armas a la autoridad policial, militar, Ministerio Público o Defensoría del Pueblo, solicitarán la presencia de un notario, un fiscal, juez de paz, un representante de la Defensoría del Pueblo, o de una autoridad comunal o eclesiástica.
Vencido el plazo establecido las personas que no hayan cumplido con la entrega o regularización de las armas que poseen, serán sancionadas administrativamente, civil o penalmente, según como corresponda.
Tenencia ilegal o irregular
Las penas por tenencia ilegal o irregular serán de no menor de seis ni mayor de quince años. El tráfico ilegal de armas será sancionado con penas de no menor de diez ni mayor de veinte años, entre otras penalidades por uso indebido de armas, uso ilegal de productos pirotécnicos y por omisión de denuncia, etc.
Tras la sustentación de los presidentes de las comisiones de Defensa, Tomás Zamudio (NGP); de Justicia, Alberto Beingolea (APGC); y de Seguridad Ciudadana, Renzo Reggiardo (CP), participaron en el debate apoyando la iniciativa y formulando recomendaciones y diversas opiniones los congresistas Luisa María Cuculiza (GPF), Luz Salgado (GPF), Octavio Salazar (GPF), Martha Chávez (GPF), Javier Velásquez (CP), Rosa Mavila (NGP), Javier Bedoya (APGC), Pedro Spadaro (GPF), Gustavo Rondón (SN), Marco Falconí (AP), Juan Pari (NGP), Santiago Gastañadui (NGP) y José León (AP).
La propuesta, luego de pasar a un cuarto intermedio para consensuar un texto sustitutorio, fue aprobada por 98 votos a favor, cero en contra y una abstención. Se le exoneró de segunda votación por 96 votos a favor, cero en contra y tres abstenciones.
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